El Uber de los derechos humanos – Leonardo Padrón

Por: Leonardo Padrón

Todas las cuentas arrojan el mismo resultado. En apenas tres años el régimen de Nicolás Maduro ha multiplicado exponencialmente las cifras de represión que Hugo Chávez poseía. De hecho, a la llegada de Maduro al poder había solo once presos políticos en las cárceles venezolanas. Pero muy pronto las estadísticas vivieron un movimiento sísmico y apenas en el 2014 hubo más de 3.000 detenciones y el número de presos políticos desbordó los trescientos. El balance del esquema represivo de Maduro desde enero del 2014 hasta septiembre del 2016 es de 6.489 detenidos. Una barbaridad. Pero la cuenta sigue subiendo. La histórica marcha de este 1 de septiembre atizó la bilis del heredero del trono. Hubo 93 detenidos en todo el país y 34 heridos en la concentración del Obelisco en San Cristóbal. Aún no había ocurrido el episodio de Villa Rosa en Margarita. Allí Maduro perdió el control. El repique de las ollas en sus narices le hizo, entre otras vergüenzas, mandar a retener a varios habitantes de la humilde comunidad y enviar a la cárcel a Braulio Jatar, un periodista que solo cumplió con el papel de comunicar, desde la propia isla, los hechos.

Este balance de cifras, tan escandaloso, lo ha registrado paso a paso Alfredo Romero, la figura tutelar -junto con Gonzalo Himiob- del Foro Penal Venezolano, quizás la ONG más perseguida y satanizada por el chavismo.
El axioma es nítido. La represión siempre se asocia a la impopularidad del gobernante. Si la calle te da la espalda, reprimes. Si una muchedumbre te grita revocatorio, reprimes. Si una señora humilde te cacerolea, reprimes. Claro, todo eso sí, sólo sí, eres represor por naturaleza.
Y ese es el equipaje de los tiranos: la fuerza bruta.

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Comenzaron siendo apenas cinco abogados. Detuvieron su mirada sobre las copiosas irregularidades del 11 de abril del 2002. Ese día Caracas se manchó de violencia, con culpables en todas las orillas. Ese día fue el epicentro de muchas historias de dolor. Tales abogados, sacudidos en su vocación, decidieron representar los casos de 8 asesinados y más de 30 heridos de bala. Les ofrecieron asistencia a los detenidos. Se inició una onda expansiva y se fueron sumando más abogados a lo largo del país. En paralelo, Chávez abrió las fauces de la represión. En el 2004 surgieron las primeras güarimbas. Y todo fue in crescendo. En el 2007, junto al cierre de RCTV, se incrementaron las detenciones. Pero ya no eran cinco abogados. Eran una pequeña multitud.
Hoy el Foro Penal Venezolano reúne a más de 200 abogados y a 1.500 activistas de los derechos humanos en todo el país. Hay un detalle que ha hecho célebre a este enjambre de juristas: no cobran ni un centavo por asistir legalmente a las víctimas de la violencia política.

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La memoria de Alfredo Romero está llena de historias.
Como la de Jesús Espinoza, uno de los jóvenes asesinados el 11 de abril por miembros de una milicia armada. Un caso que marcó la vida del propio Romero.
Como la de Massiel Pacheco, una muchacha de 20 años que vendía empanadas en el Parque del Este y tuvo la “sensatez” de entregarle a la GNB un paquete sospechoso que alguien había dejado en su tarantín. Resultaron ser explosivos. Ella, en vez de recibir las gracias, fue llevada a prisión y torturada. La querían imputar como terrorista. Se hablaba de una pena de 25 a 30 años en el INOF. El Foro Penal logró demostrar su inocencia y sacarla en libertad. La ironía: Massiel Pacheco era chavista.
Como la detención multitudinaria de 400 y muchos estudiantes en un campamento en la Av. Francisco de Miranda la madrugada del 8 de mayo del 2014 por orden del ministro Rodríguez Torres. “Fue la audiencia de presentación más grande que ha habido ante un tribunal en la historia de Venezuela”, comenta Romero al recordar los pasillos del Palacio de Justicia atestados de estudiantes.
Y así, más y más casos, decenas, cientos, miles. En esta posdata del chavismo conducida con iracundia y desatino por Nicolás Maduro ha habido de todo: detenciones arbitrarias, persecuciones, siembra de pruebas, desapariciones, descargas eléctricas, abusos sexuales y hasta torturas que desembocaron en asesinatos. Una absoluta sobredosis. No ha habido otro gobierno en nuestra historia moderna con tal exceso de presos políticos.

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Hay tres tipos de presos políticos definidos por los voceros del Foro Penal. 1) Las personas que representan una amenaza directa para el régimen (líderes opositores) 2) Los que sirven como mecanismo de intimidación para el resto. Gente como Sairam Rivas o Gerardo Carrero (dirigentes estudiantiles de oposición) o la jueza Maria Afiuni (jueces, asústense, entiendan lo que les puede pasar) y 3) La detención de empresarios y militares para darle piso al argumento de la guerra económica o el golpe de estado.
En un régimen autoritario, defender al demócrata que arriesga la piel de sus convicciones tiene sus costos. El Foro Penal Venezolano tiene su propio inventario de víctimas:
* Alonso Medina, miembro del Foro Penal, fue perseguido sin cesar entre el 2002-2003 por haber defendido la causa de varios militares.
* Marcelo Crovato, abogado del Foro Penal, fue detenido por efectivos del Sebin el 22 de abril de 2014, mientras asistía legalmente a un vecino en cuya residencia practicaban un allanamiento. Su historia posterior es escalofriante.
* Tamará Sujú, coordinadora internacional del Foro Penal, fue acusada de traición a la patria y de ser una agente infiltrada de la CIA (un derroche de originalidad). Tuvo que pedir asilo político en la República Checa.
* Luis Armando Betancourt, defensor del estudiante que denunció haber sido espantosamente violado con un fusil, fue objeto de hostigamiento y recibió la visita en su casa de cinco supuestos funcionarios.
* En febrero del 2015, Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora del Foro en el Táchira, fue interceptada por dos presuntos funcionarios policiales que le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica y la golpearon repetidamente en la cara, los senos y el resto del cuerpo.
* Alfredo Romero, actual director ejecutivo del Foro, ha sido acusado sostenidamente en distintos programas del canal oficial VTV de recibir dinero de Estados Unidos y Canadá para conspirar. Fue atacado por un hombre armado en un episodio en el que milagrosamente logró salir bien librado.
* Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos, abogados del Foro Penal, fueron atacados y heridos en la cabeza este 6 de junio en el estado Táchira por un colectivo anónimo que decía defender los intereses de la revolución.
Conclusión: defender los derechos humanos en Venezuela es peligroso. Es caminar la cuerda floja sin malla de protección. Los miembros del Foro son tratados como enemigos, forajidos, lastre. Su delito: intentar que la justicia no sea otro cadáver más en la gran morgue de la revolución bolivariana.
Por eso criminalizan su profesión, los someten al escarnio, los acusan de operadores políticos, de fascistas a sueldo.
El encono ha llegado al punto de que a muchos detenidos la Fiscalía les sugiere no pedir ayuda al Foro Penal (eso podría perjudicarlos, mejor búsquense un defensor público y si admiten su delito quizás salgan más rápido de prisión). El estigma y la trampa en combo.
Varios miembros del Foro han recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dos platos, el estado venezolano debe velar por la vida e integridad de estas personas. Pero no hay ingenuidad posible. Todos suponen que ese documento debe reposar en el basurero de las convicciones gubernamentales.

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Algunas individualidades de la oposición han resentido la notoriedad del Foro. Los partidos políticos, valga subrayarlo, también poseen su equipo de juristas que asiste a todo militante agraviado por el aparato represor del estado. Los abogados del Foro insisten en que no responden a línea política alguna. Mientras tanto, su voluntariado les lleva comida y ropa a los detenidos y genera información actualizada de su estatus legal. Los abogados del Foro, valga decirlo, rondan como avispas los tribunales de justicia venezolanos. No abandonan a su suerte a ningún preso que asisten. Algo significativo en un país donde la orfandad ciudadana se ha vuelto la norma.

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“Los derechos humanos no son sexy. En este mundo no es atractivo trabajar por pura conciencia moral. No da votos. Los abogados de derechos humanos nos metemos donde hay malos olores, en los sitios oscuros, asumimos riesgos”, dice Alfredo Romero. A pesar de eso el Foro Penal ha sido nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz, en el 2015 por 36 diputados chilenos, académicos y representantes de otros parlamentos, y este año 2016 por el parlamento español. Vaya ironía, jamás han sido postulados por gente del patio.
La mayoría de los abogados del Foro son profesores universitarios, gente de rango académico interesada en educar a la sociedad sobre el tema. Los familiares de los detenidos agradecen tanto su labor que a veces se vuelven parte del voluntariado. Son muchas las personas que han logrado devolver a sus hogares atravesando un bosque de lágrimas y angustia.
El Foro Penal Venezolano es como el Uber de los Derechos Humanos. Así como en el mundo ha surgido una opción de transporte distinta a los taxistas, así los abogados de esta ONG han establecido una manera alternativa de organizarse para defender los derechos humanos. Y están en todas partes. Como el Uber. Solo que su modalidad de servicio es gratuita.
Un apostolado extraño en estos tiempos donde la vileza se ha enseñoreado sobre el cielo venezolano.

Leonardo Padrón