Por: Gustavo Valle
En menos de dos meses tres buenos amigos han debido enfrentar
serios problemas de salud en Venezuela: a uno le dio un ACV, a otro le diagnosticaron una enfermedad autoinmune y un tercero requiere de una intervención coronaria.
El primero tuvo un accidente cerebrovascular luego de buscar infructuosamente durante semanas sus pastillas para regular la tensión arterial. Unas pastillas, por cierto, de consumo bastante frecuente entre buena parte de la población hipertensa. Al cabo de unos días con la presión alterada, le sobrevino el accidente. Ahora está en rehabilitación y fisioterapia recuperando poco a poco la movilidad de sus piernas.
El segundo requiere tomar a diario un medicamento que no se produce en Venezuela, que siempre estuvo presente en las farmacias y se vendía regularmente, pero que ahora también desapareció de circulación. Su familia debió recurrir a una campaña a través de las redes sociales para pedir la colaboración de los amigos en el extranjero. Desde Argentina alcancé a adquirir una caja del medicamento y en breve conseguiré enviársela a Caracas.
Y el tercero, luego de sufrir un infarto, debe ir a quirófano cuanto antes, pero la intervención coronaria es tan costosa que sus familiares también debieron recurrir a las redes sociales en busca de apoyo financiero.
En los tres casos se trata de personas de clase trabajadora, sin herencia familiar, gente que vive de su trabajo como gestores culturales o profesores universitarios. Y todos cuentan con seguro médico privado.
De más está decir que en los tres casos la salud pública y la red hospitalaria del Estado o fue insuficiente o fue tardía o fue indefinidamente pospuesta. Los médicos de la misión Barrio Adentro y los egresados en Medicina General Integral y Medicina Integral Comunitaria, provenientes de la Misión Sucre y de la Universidad Bolivariana de Venezuela, trabajan en la llamada Atención Primaria de Salud y no están capacitados para atender casos de alta complejidad. Los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Tecnología Avanzada (CAT) pertenecientes al llamado Barrio Adentro II tampoco están diseñados para atender un ACV, tratar una enfermedad autoinmune o llevar a cabo una cirugía cardiovascular. Además, para nadie es un secreto que estas misiones sanitarias, como todas las demás misiones creadas en 2003, han sufrido en los últimos años severos retrocesos presupuestarios a causa de la catastrófica y corrupta administración de la renta petrolera.
En el último año han desfilado tres ministros de salud, se ha propagado el virus de la chikungunya, se ha recrudecido el desabastecimiento de medicamentos, y se ha dolarizado la atención médica en un país en el que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo alcanza 2.800%. Mientras tanto el Gobierno, sumido en la parálisis, parece solo responsabilizar a los contrabandistas (que siempre existieron) y a las mafias importadoras y distribuidoras por la falta de medicinas. Incluso ha sugerido que la crisis es consecuencia de una guerra biológica de una guerra económica de una guerra sanitaria emprendida por el Imperio.
Si resulta imposible contar con la red de hospitales públicos —desde hace mucho tiempo depauperada y en crisis— tampoco es una solución contar con un seguro médico privado. Los seguros médicos en Venezuela son coberturas precarizadas y costosísimas, con topes irrisorios, contratos repletos de letras chicas que obligan a pagar elevados anticipos y con frecuencia obligan al asegurado a esperar horas y horas solo para que llegue una autorización que permita su ingreso a la emergencia.
Si no hay voluntad política para sostener y fortalecer la red hospitalaria pública, mucho menos la hay para exigir a las aseguradoras un mínimo de decencia en la prestación de sus servicios. Las aseguradoras, al igual que los bancos, han hecho multimillonarias fortunas con la Revolución Bolivariana.
Una anécdota personal: en mi último viaje a Caracas debí acudir a la emergencia de una clínica privada que estaba en mi cartilla de seguro de viajes. Al llegar me encontré con esto: “La emergencia está cerrada”, dijo la encargada del servicio. “La espera es indefinida”, concluyó. Con el malestar a cuestas me fui a otra clínica (también de la cartilla) y allí estuve esperando cuatro horas y media exactas hasta que me harté y me fui. Y todo esto me ocurrió con un seguro médico internacional.
Mientras la esposa del canciller Elías Jaua se atiende en el costosísimo Hospital Sirio Libanés de São Paulo, mis amigos profesores y gestores culturales (y tantos otros, la lista es larga y todos conocemos a alguien que ha pasado por este martirio) deben acudir a las redes sociales para hacerse de sus medicinas o cubrir los gastos del quirófano. Por si esto fuera poco, meses atrás la Federación Médica Venezolana reveló que 57% de los galenos criollos se ha ido del país en busca de mejores condiciones de trabajo.
Y después resulta que toda esta indefensión, todo este vejatorio desamparo no es culpa de quienes gobiernan sino de… (colocar aquí lo que les plazca).
